Con el nombramiento del ex senador del Pacto Histórico Gustav Bolívar como nuevo Director nacional del Departamento para la Prosperidad Social esta entidad entra en una nueva etapa de su importante gestión de la política social del Estado y del actual gobierno.
El DPS es una creación de la Ley 1448 del 2011 o ley de victimas expedida en el primer gobierno del uribista Juan Manuel Santos; su más lejano antecedente fue la Red de Solidaridad Social creada por el presidente Ernesto Samper en 1994 que posteriormente reemplazó Acción social de los gobiernos de Uribe Vélez.
El Departamento para la Prosperidad Social es un diseño institucional de expertos británicos ligados al Partido laborista de orientación socialdemócrata, aunque bajo el liderazgo de Tony Blair –cercano a Santos- fue más un movimiento neoliberal que se distanció de las reivindicaciones obreras y populares.
Con la Ley 1448, el DPS se configuró como eje de toda la infraestructura gubernamental encargada de atender a las víctimas de la violencia; encabeza y coordina el sector de la inclusión social y la reconciliación que comprende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.
Hoy, de acuerdo con el Portal oficial del DPS, su Misión es la siguiente: es la entidad del Gobierno Nacional y líder del sector de Inclusión Social y Reconciliación, responsable de la formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental para la construcción de la Paz Total; mediante la atención con enfoque diferencial a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad.
Su Visión indica que Prosperidad Social y las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, a 2034, habrán realizado las transformaciones económicas, sociales y ambientales con enfoque diferencial que aportan al logro de la Paz Total y a la reducción de la pobreza en Colombia.
Sus Objetivos Estratégicos tienen que ver con: Mejorar el nivel de vida de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, con el fortalecimiento del acompañamiento familiar y comunitario y la concurrencia de la oferta social pertinente.
Con fortalecer la inclusión social y productiva de la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad mediante el aumento de las oportunidades y el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos, y la garantía del derecho humano a la alimentación.
Con fortalecer las capacidades institucionales y la articulación con las direcciones regionales para una gestión orientada a resultados, en el marco del desarrollo del talento humano, la atención al ciudadano, la transparencia, la innovación, la mejora continua, la transformación digital para el logro de la Paz Total.
Consecuente con tal plataforma el DPS tiene varias funciones generales determinadas por la ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales.
Con esa plantilla de definiciones estratégicas y funciones específicas que reflejan la narrativa neoliberal institucionalista, se ha organizado un esquema administrativo y funcional que comprende una Dirección General con varias dependencias a su servicio, unas direcciones regionales, dos subdirecciones encargadas de la superación de la pobreza y la de programas y proyectos.
Este paradigma fue útil para los planes y programas neoliberales de Santos y de Duque, y mucho de los actuales funcionarios corresponden a ese paradigma asociado con los recetarios del Banco Interamericano de Desarrollo; nada que ver con la visión progresista y transformadora del Plan de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida.
Mi opinión es que el DPS debe ser sometido a una profunda reingeniería institucional, a un proceso de reajuste de cada una de sus dependencias y del Manual de Funciones, para armonizarlo con la agenda programática de la transición política hacia la paz; en ese sentido, se debería dar prioridad al tema de la Renta ciudadana, a la participación democrática de la ciudadanía y a la innovación social.
Un nuevo DPS debería ser un ente desburocratizado y volcado en las casi tres millones de familias que reciben la Renta ciudadana para propiciar la constitución de una subjetividad social empoderada por el reconocimiento de sus derechos políticos, culturales, sociales y económicos. Si se quiere dejar atrás el asistencialismo y el parasitismo, es prioritario organizar el DPS, tanto a nivel central como en los departamentos y municipios, para que realcen a millones de ciudadanos y ciudadanas como protagonistas de un cambio profundo de la nación. Pienso en lo que ha ocurrido con las Madres comunitarias del ICBF y en la propia organización de los maestros –Fecode-, que gracias a su fortaleza sindical y a su unidad se han convertido en un actor central de la vida pública nacional.
Para eso se requiere más que unas cuentas en el Banco agrario o en cualquier Red de giros monetarios como SuperGiros. Lo que se necesita es una vigorosa estrategia pedagógica y psicosocial que transforme los niveles de conciencia y de organización de más de 10 millones de colombianos que son beneficiarios de los subsidios del DPS.
Una reforma del DPS debería fortalecer la Innovación social como parte de la cultura del emprendimiento.
Debería profundizar la participación ciudadana en la dinámica del Agente y el principal, para que la auditoria social sea una costumbre en la vida cotidiana de la entidad.
En ese sentido, un nuevo DPS debe sistematizar y sostener la entrega de datos sociales abiertos y completos como reflejo del compromiso del nuevo Director con la transparencia y la rendición de cuentas. La oferta abierta de miles de datos sociales, les permitirían a las comunidades realizar la veeduría y auditoria social sobre el desempeño del DPS, para ahí si diagnosticar y debatir públicamente sobre lo que funciona bien y lo que podría mejorarse.
Por eso es urgente elaborar un Indicador muy avanzado en materia social que permita establecer que en realidad estamos alcanzando la prosperidad y dejando atrás la pobreza y la miseria.
Lo demás es seguir anclado al viejo esquema institucional que ha facilitado la corrupción en todos los programas del DPS, especialmente en Iraca, Familias en su Tierra, infraestructura y en las direcciones regionales secuestradas por el clientelismo de la vieja partidocracia electorera.
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