José Ferney Paz Quintero
AbogadoConsultor
Somos conscientes que las reformas a la carta política son necesarias, pertinentes y basadas únicamente por el interés general, fruto de los consensos con los diferentes sectores de opinión, sin buscar favorecimientos de causas partidistas impropio en un país organizado institucionalmente.
Desde luego, la del 91 no es un texto perfecto, con cláusulas pétreas, y como documento político que lo es, está sujeto a la evolución social que impone que las instituciones se vayan adaptando a los nuevos desafíos, donde las normas constitucionales son objeto de reformas, pero lo que no puede aceptarse es que esa norma de normas se reforme permanentemente para lograr objetivos de corto o mediano plazo, o para satisfacer intereses de grupo o del gobernante de turno.
La afirmación anterior tiene su sustento en lo inicialmente aprobado de darle vía libre al trasfuguismo, de cambio de partido sin rubor alguno, políticos que van y vienen como las olas, y la posibilidad que los actuales congresistas puedan hacer parte del ejecutivo como ministros o funcionarios del alto nivel descentralizado, inhabilidad consignada en el ordenamiento jurídico constitucional vigente.
Estos comportamientos de ser aprobados bien pueden constituir una estafa política que afecta el sistema institucional de la nación, por cuanto se está falseando la representación popular, que debe generar un rechazo de índole moral, propio de mercaderes políticos, ya que el elector votó por una representación parlamentaria y no para satisfacer unos apetitos burocráticos que conducen a un resquebrajamiento de las colectividades por la lamentable pérdida de sus verdaderos perfiles ideológicos.
Seguro estamos que ese no fue el cambio prometido, que estuvo basado en la solidez de la democracia, en reformas que buscan el beneficio colectivo, debidamente analizadas y socializadas, respetando el disenso que no es más que el acatamiento de lo preceptuado por el artículo 133 de la manoseada constitución, que seguramente muchos lo desconocerán que alude a que, “los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y al bien común”.
A propósito, interesante conocer la opinión de uno de los impulsores de la constitución que hoy ocupa una curul senatorial respecto a los cambios propuestos, si los considera adecuados, de beneficio general o solo responden a un afán político buscando unas mayorías en las elecciones territoriales del año venidero.
Todos estos acontecimientos políticos, como la ligereza con que se actúa en los cambios institucionales, se vienen traduciendo en la apatía de la ciudadanía, y su desconcierto sobre el futuro del país.
ADENDA: La frase presidencial de existir enemigos internos, ampliada en el sentido de existir un “acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”, generó una serie de comentarios y especulaciones propios de los medios de comunicación.
Si se trata de normas expedidas por el ejecutivo o de leyes valdría la pena recordar el principio, “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”, que en buen romance significa que si se pretende actuar en favor de la gente, está la facultad de derogarlas, de ser reemplazadas, o el Congreso sustituir aquellas que impiden ejecutar lo que pretende el ejecutivo aprovechando las mayorías de esa rama legislativa.
Frases que solo producen un efecto demagógico, un efecto populista para bien de la imagen presidencial, pero sin efecto positivo alguno.
*Ex magistrado
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