Los hechos recientes donde el jefe del ejecutivo cuestiona en plaza pública a sus opositores, a los medios no afectos al gobierno, desestimando las encuestas que no lo favorecen, con mensaje de advertencia a sus ministros de ser retirados de sus cargos al no seguir al pié de la letra las órdenes superiores, nos deja una serie de interrogantes por cuanto se está erosionando uno de los postulados que identifica la plena democracia, como lo es el libre disenso.
Para que esta exista, se debe proteger el disenso, por cuanto la vida política se sustenta en la discusión con altura, en el pluralismo, en el debate que se convierte en el bastión de los que no tienen el poder, siendo su verdadero contrapeso.
Ahora bien, quién disiente no puede ser catalogado como un enemigo del gobierno de turno por el solo hecho de pensar diferente, todo lo contrario, se le debe considerar como un auxiliar de la democracia al someterla a una rigurosa evaluación que no se puede eludir.
Las democracias están asociadas a la idea del debate público y de la participación ciudadana, pretender que un gobierno actúe sin interferencias, sin críticas a su gestión, a sus programas prometidos puede llevar peligrosamente al intento de eliminar sin justificación alguna el conflicto, y la diferencia, propios de un régimen democrático y del pensamiento liberal.
La crítica al gobernante de turno no puede ser vista como una agresión a las instituciones, sino como la oportunidad de dar claras explicaciones a quien o quienes la solicitan, ya que esa posibilidad de escuchar y valorar opiniones ajenas, fortalece la democracia y al gobierno del momento.
En una ocasión académica, tocando el tema del disenso, expresamos, y lo planteo nuevamente, ¿qué sería de la política sin la caricatura, el ejercicio del gobierno sin oposición, sin la crítica, sin el debate, o de las sentencias judiciales sin salvamento o aclaración de voto? No sería democracia, estaríamos ingresando al estado totalitario, aquel que invade los terrenos del ciudadano. A tiempo de cuidar la poca democracia que nos queda.
ADENDA: Era de esperarse el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través del fallo sobre el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 del 2021 Senado, referente a la reforma a la justicia aprobada por el Congreso en el pasado gobierno, con la caída de varios temas que parecían direccionados para favorecer intereses como ambiciones personales al relajar los requisitos constitucionales para ocupar los cargos de Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y Registrador, mediante una ley estatutaria, así como la homologación de la experiencia incluida para ser juez municipal, del circuito y magistrado de tribunal, al decir que tener otra formación profesional puede ser “relevante, pero no pueden suplir la experiencia requerida para el cargo”.
A los gobiernos, como al Congreso ser más responsables en la tramitación de las leyes, y lo que se apruebe contenga conceptos claros, precisos, diafanidad jurídica como constitucional, siendo esa la misión tanto legal como el respeto a la norma superior.
Un reconocimiento a la Corte Constitucional por esa labor de guardián de la norma de normas, tarea que seguramente ejercerá en los próximos meses ante la avalancha de reformas que se adelantan, unas transgrediendo procedimientos constitucionales.
(La puya reaparecerá el martes 27 de hogaño si el ser superior lo permite)
*Ex magistrado
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