Saliéndome de la línea de los temas de estado, justicia y paz que han sido los ejes centrales de esta columna semanal, abordo uno que tiene que ver con la efectividad de los artículos 13 y 44 de la Constitución referente al desarrollo de la igualdad de las personas y concretamente las luchas que se han librado por el bienestar estudiantil, que para infortunio de la niñez han caído en manos de unos avivatos o mejor mercaderes, con la anuencia de alcaldes y funcionarios de menor rango, asaltando el erario destinado para la alimentación escolar, con resultados inanes por la justicia penal frente a los responsables de esas vulneraciones, cuando no acuden al principio de oportunidad, también llamado de impunidad.
Conviene recordar la historia en estos momentos en que se discute un proyecto de ley estatutaria 079, “Por el cual se establece la política de estado para la alimentación escolar integral y se dictan otra disposiciones”, el origen de esta protección estatal de pronto en el olvido y por el desconocimiento de las nuevas corrientes políticas que han aparecido en el panorama nacional, que fue bajo la presidencial liberal de la revolución en marcha del Dr. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, siendo su ministro de educación nacional el Dr. DARÍO ECHANDIA, cuando se expidió el decreto 219 del 7 de febrero del año 1936, “mediante el cual se reglamentó para la época, la manera de percibir el auxilio concedido por la nación a los restaurantes escolares“, y en su artículo 1, literal C se creaba una junta administradora del restaurante escolar, como un comité fiscalizador, integrado por el tesorero municipal, un maestro, el cura párroco y un padre de familia que no fuera empleado público.
Nótese como se protegían esos recursos de los tradicionales corruptos, por cuanto esa junta administradora se constituida en los directos operadores del programa alimentario en el respectivo centro educativo, eran tiempos diferentes y gobiernos de verdadero contenido social.
Hoy por hoy los PAES se han convertido en fuentes de enriquecimiento de algunos contratistas, que con la complicidad de funcionarios públicos han abusado del estado donde el damnificado directo es la niñez que en la mayoría de los casos en esas apartadas regiones constituye su única alimentación.
Es el momento para que la corriente liberal, su bancada lidere esa política de la alimentación estudiantil (PAES) ante la crisis en que se encuentra, entre otras causales, por falta de un manejo transparente en las etapas de ejecución, poca cobertura, por la manipulación irregular de los insumos, e inadecuados espacios que brinden condiciones de dignidad en el suministro de estos alimentos, así como la necesaria higiene en la entrega de los mismos.
Fue en el departamento de Boyacá donde nacieron los primeros restaurantes escolares y años más tarde durante los gobiernos de corte liberal la alimentación escolar alcanzó el nivel de una política pública que hoy parece que se retoma, pero no como conquista nueva del gobierno de turno, la que se fue debilitando por la corrupción, que ha permeado todas las instancias tanto públicas como privadas, con el silencio cómplice de una sociedad que pareciera que se ha acostumbrado a convivir con esta clase de escándalos, tal vez al percatarse del rotundo fracaso de los entes de control en prevenir, investigar y sancionar las múltiples denuncias que se formulan por las prácticas corruptas en el manejo de los cuantiosos recursos económicos asignados a la inversión social, entre ellos los PAES.
Se trata simplemente de abanderar uno de los tantos postulados que enmarcan la ideología liberal, que hace referencia a la defensa de las clases populares, vigorizando las resistencias orgánicas, fortalecimiento que se inicia desde la niñez, SIENDO ESTE EL LLAMADO.
ADENDA: todo indica que nos estamos acostumbrando al irrespeto a las instituciones, como a los símbolos patrios, los desplantes a las instancias del estado, el mal ejemplo de las máximas autoridades subestimando la tarea misional que tienen otras corporaciones en un estado de derecho, donde el ejecutivo gobierna, el legislativo legisla, el judicial, instruye y falla, sin injerencias indebidas, porque de ser así, se estaría bordeando el autoritarismo como estilo de gobierno, lejos de la tradición democrática del país.
¿Y qué no decir de la presentación personal de algunos altos voceros oficiales?, como si estuviéramos en el periodo de la dismorfofobia.
*Ex magistrado
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