Por: Gustavo Andrade Patarroyo
En los últimos días las autoridades han venido presentado con orgullo capturas de presuntos Grupos de Delincuencia Organizada, que con su actuar se considera se ha transgrediendo la seguridad y la vida en Armenia y el Quindío, pero qué tan efectivas son estas capturas en el tema de seguridad o en la prevención del tráfico de sustancias alucinógenas.
Primero que todo es necesario resaltar que estos impactos solo han comenzado su recorrido judicial y es un largo camino el que tiene la Fiscalía para demostrar todo lo que imputó ante los jueces de garantías y demostrar que como en otros casos no se ha tratado de imputaciones infladas, es decir la sumatoria de pequeñas acciones de personas que ni se conocen para presentarlos como grandes organizaciones, siendo esto solo un sofisma de distracción frente el verdadero problema.
Mientras tanto, Armenia y el Quindío han comenzado a vivir situaciones de desplazamiento urbano, como en el barrio Las Colinas, hace unos pocos días, donde dos grupos familiares entre ellos un líder comunitario tuvieron que huir y solicitar ante la Defensoría del Pueblo protección, por lo que el Municipio debió asignar una ayuda de trasporte humanitario de emergencia a estas personas, teniendo que dejar todo lo construido y desconocer su arraigo en protección de la vida.
Así hay muchas otras victimas en Armenia, victimas sin rostro y sin protección que han tenido que dejar todo al no encontrar eco en las autoridades, pues muchas de estas acuden a la Fiscalía denunciando estos hechos que son minimizados y remitidos a las Inspecciones de Policía donde no existen más elementos que requerir una conciliación con el agresor y una protección policial, que no es más que solicitar al CAI del cuadrante pasen por la casa de la víctima y ver si aún no han atentado contra su vida, pues es claro que las Inspecciones no tiene policía judicial que investigue o pueda dar elementos que permitan tan siquiera generar una duda razonable como para presentar estos casos ante un estrado para lograr una sanción que permita evitar hechos que lamentar.
Mientras tanto, la Ciudad y el Departamento son generadores de desplazamiento urbano, como ocurrió con el líder social y comunitario, Guillermo Vargas Arias, que bajo la consigna del partido político Alianza Verde en la ciudad de Armenia, específicamente en la comuna 2 barrio La Fachada, desarrollaba programas que consistían y tenían como enfoque principal el deporte, específicamente el fútbol, con los jóvenes de dicho lugar, que presenta diferentes problemáticas de drogadicción, violencia y delincuencia, por lo que el trabajo se enfocaba en los jóvenes para alejarlos de los factores de riesgo.
Dicho ejercicio social y político desencadenó una serie de amenazas por grupos de microtráfico que operan en la zona y que al percatarse de que por medio de las actividades sociales los jóvenes estaban abandonando las actividades delincuenciales y la drogadicción, las amenazas iniciaron de manera verbal, después se materializaron por medio de intimidaciones con arma de fuego y finalmente dispararon varias veces a la vivienda de esta persona, quien a pesar de haber hecho las denuncias en la Personería municipal y la alcaldía, manifestó que nunca sintió un apoyo, por lo que tuvo que tomar la decisión de abandonar el país junto con su familia.
Cómo este caso son muchos otros los que se vienen presentando, pero las autoridades no están prestando la debida atención a las denuncias por amenazas que llegan a la Fiscalía y que en otros se impetran en las inspecciones, el ejercicio se está limitando a tan solo brindar un subsidio para que salga de la ciudad o en lo que permite el Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana, que se reduce a una conciliación que de no lograrse y de existir un mínimo probatorio generaría en la imposición de una multa y orden de alejamiento, pero dónde están las investigaciones, dónde están las capturas a estas personas que están generando desplazamientos, en dónde está la verdad, justicia y la reparación.
El concepto de seguridad se está limitando en el show mediático generado por las autoridades, que sacan como en un mercado de pulgas a sus capturados, desconociendo que hasta que no sean juzgados y condenados son inocentes y sin ser en realidad un impacto en la construcción de ese gran concepto que no es más que la acción del Estado para proteger al ciudadano y asegurar su calidad de vida.
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