La base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos está en la educación. Con ella se hacen buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos. Es la premisa del progreso humano. Su objetivo primordial es el conocimiento, no precisamente de los hechos, sino de los valores.
En Colombia son cuatro las problemáticas claras que impiden que la educación cumpla sus propósitos profundos: alta deserción y reprobación escolar; carencia de un enfoque regional para las políticas educativas; insuficiencia del Ministerio de Educación Nacional para expandir la cobertura en todas las regiones y, por último; indefinición de las competencias específicas de las instituciones educativas.
La pandemia ha puesto en evidencia los efectos visibles de estas problemáticas. Según datos del Consejo Privado de Competitividad de 2021, solo el 78% de los estudiantes en la educación básica y media y 60 % de los estudiantes en educación superior habían regresado a la presencialidad. Se indica que entre 2019 y 2020 la inasistencia escolar pasó de 2,7 % a 16,4 %. En el área rural, el indicador pasó de 4,6 % a 30,1 %, mientras que, en el área urbana, de 2,1 % a 12,4 %. Las tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media en 2020 fueron 89 %, 79 % y 47 %. Esto representa una brecha de 10, 18 y 46 puntos porcentuales con respecto al promedio de la OCDE (FND, 2022).
Las alarmas están encendidas. Una sociedad no puede permitirse que los niños y jóvenes estén desertando del sistema educativo. Para cualquier sociedad contemporánea los indicadores relacionados con la educación dan cuenta del real interés que hay para el desarrollo de niños y niñas, de sus familias y de la comunidad. Las enormes brechas que aun vivimos en el campo educativo no son sino otro de los factores que confirman nuestra debilidad como Estado y Nación para consolidarnos en el presente y para el futuro.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los recursos para educación del Sistema General de Participaciones corresponden a un presupuesto de 49,2 billones para 2022, siendo este el más alto en la historia. Sin embargo, el monto sigue siendo poco si se hace un inventario de las necesidades que tiene el país en esta materia. A pesar que la jurisdicción del Ministerio es nacional, no tiene la capacidad de inspeccionar, vigilar y garantizar las disposiciones relacionadas con el sector. La responsabilidad nacional recae prioritariamente sobre las secretarías municipales y departamentales, pero los recursos, en gran parte, los tiene centralizados el Ministerio, que, además, desconoce a fondo las realidades de las regiones. ¿Hay acaso lógica en ello?
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A pesar que la ley plantea un mecanismo de financiación integral, donde el gobierno nacional y las entidades territoriales aportan recursos, la desproporción cada día es mayor y se ha convertido en una tendencia; cada vez más las partidas de las entidades territoriales son mayores a las del gobierno nacional. Sumado a ello, son los recursos de regalías los que han venido apalancando al sector, en especial para garantizar la operación del programa de alimentación escolar PAE . Cabe resaltar que la naturaleza de las regalías es temporal y condicionada a la producción y explotación de recursos minero-energéticos, cuyos precios y circulación dependen fundamentalmente de factores externos y son altamente volátiles; para nadie es un secreto que la última crisis de los commodities ha tenido un gran impacto en distintos ámbitos, por lo cual no pueden ser la fuente de financiación de un sector tan estratégico y sensible como la educación.
En suma se trata de abrir la comprensión a la necesidad de que la educación recupere su lugar central en las políticas públicas, no como una subordinada de las dinámicas extractivistas sino como un determinante estructural para el desarrollo social. En ese sentido, si el desarrollo tiene como agente central a las regiones, estas deben ser una prioridad para el Estado; ya no es presentable el abandono al que han estado sometidas.
Las Gobernaciones están asumiendo competencias que anteriormente tenía el gobierno central, especialmente el ICBF, generando mayores costos a los departamentos y dispersión de acciones. Recaen en las regiones asuntos como: responsabilidad penal para adolescentes; protección integral para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones (violencia sexual, maltrato infantil, explotación sexual, reclutamiento forzado, uso y utilización, migrantes, desplazados, en situación de discapacidad, minas antipersonal, situación de calle, trabajo infantil); atención integral a la primera infancia, que incluye el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil; y el fortalecimiento familiar, entre otros.
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Todos ellos, sin duda, requieren capacidades territoriales específicas que deben ser claramente fortalecidas; además, la asignación de recursos de la nación para su cumplimiento ha sido, a la fecha, prácticamente inexistente, lo que obliga a las entidades territoriales a cubrir los gastos con capitales propios (FND, 2022). ¿Cuándo nos daremos cuenta los colombianos que el modelo centralista de Estado que tiene Colombia aumenta las brechas de desigualdad en las regiones?
Por otra parte, en los últimos años la cobertura de la educación superior pasó de 39,4 % en 2010 a 54,4 % en 2017, lo que equivale a un crecimiento anual acumulado de 5,3 % en el número de estudiantes matriculados. Sin embargo, la cobertura empezó a disminuir de manera sostenida desde entonces hasta ubicarse en 51,6 % en 2020. Esto representa una disminución de 100.157 estudiantes matriculados entre 2017 y 2020 (Consejo Privado de Competitividad, 2022). Para tener una nación más fuerte y sólida es inteligente dejar de invertir en armas y aviones de guerra y comenzar a invertir en nuestros jóvenes, el conocimiento es el verdadero poder.
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Los problemas y expectativas son varios. Es necesario implementar un enfoque regional de la educación para mejorar la calidad, teniendo en cuenta un enfoque diferencial. Asimismo, es urgente duplicar estudiantes en jornada única. Además de ello, es fundamental fortalecer nuestras instituciones, para lo cual se debe crear una superintendencia de inspección y vigilancia del sector educativo. El Congreso debe presentar un proyecto de ley que reforme la Ley 715 de 2001 para definir las competencias específicas de las instituciones en materia de niñez y adolescencia y, posteriormente, expedir el respectivo decreto único reglamentario en el que se establezcan las competencias y responsabilidades de cada institución frente a educación inicial.
¿Acaso le conviene al Estado una sociedad con niveles bajos de educación para que los ciudadanos no puedan pensar y cuestionar lo establecido?
Pablo Jaramillo Arango
Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
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