El proyecto de acuerdo 098, “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Manizales, para comprometer vigencias futuras y contratar las mismas”, fue aplazado nuevamente en el Concejo, lo que generaría múltiples dificultades para cumplir con los propósitos del gobierno municipal, a dos meses de culminar la vigencia.
Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la continuidad en la prestación de unos servicios que precisa el municipio de Manizales, desde la administración central, que, por su naturaleza, no deben ser suspendidos por ningún motivo.
El concejal Víctor Hugo Cortés Carrillo, vocero del Partido Liberal, propuso una moción de aplazamiento, la cual fue aprobada y motivada así:
“Este proyecto no cumple con el concepto favorable de la Dirección Nacional de Planeación, en donde se permite el uso de estos recursos, que vienen por Sistema Nacional de Participación. En primera instancia, nosotros solicitamos claridad frente a este punto y así poder determinar la legalidad o no del proyecto”.
El concejal sostuvo que en estas vigencias no se consideran temas tan importantes como la alimentación escolar para los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad, y aclaró “que el año entrante no vaya a ocurrir lo que sucedió este año, donde solo hasta julio se vinieron a hacer los primeros contratos para poder dar los alimentos a las escuelas y colegios”.
Acerca de los recursos que se obtienen de la Estampilla Pro Adulto Mayor, sostuvo que “estos recursos no han sido ejecutados en su totalidad”.
El concejal Manuel Orlando Correa Bedoya, ponente de la propuesta, sentó su posición frente a la moción aprobada:
“El aplazamiento se da por exposición de algunos concejales que manifestaron que todavía no hay claridad en algunos puntos. No se le ha dado ni en el trámite de la primera parte del segundo debate que suscitó hace casi ocho días, ni en este trámite se dio la oportunidad para que la administración municipal respondiera a las inquietudes planteadas”.
Recalcó que el debate que se da en el Concejo es una audiencia pública, razón por la cual a la administración se le debe permitir responder de manera oral a las inquietudes planteadas por parte de los concejales.
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