El 6 de noviembre de 1985 el M-19, grupo terrorista donde militaba Gustavo Petro, se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá. Ingresaron 28 guerrilleros fuertemente armados vestidos de civil, mientras por el sótano del edifico un camión reventó el separador, seguido de dos vehículos que conducían terroristas armados con rifles, vistiendo camuflados de las fuerzas militares, y asesinaron fríamente a dos vigilantes para continuar su escalada armada dentro del edificio con la toma de cientos de rehenes. Saldo: 101 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más un número incierto de desaparecidos.

Videos originales dan cuenta del orgullo que siente Gustavo Petro por haber atentado contra la institucionalidad, y considera a su camarada Luis Otero, cabeza de la operación, como un “genio”. Su lenguaje incluyente cuando se refiere a este holocausto (“hicimos”, “nos acorralaron”, “nos impidieron”, etc.) da cuenta de su conocimiento profundo de la masacre, desde su planeación hasta su ejecución. ¡Y hoy es nuestro presidente!

Ahora, 39 años después, Petro se siente afectado porque la Corte Suprema de Justicia se toma su tiempo para nombrar el nuevo Fiscal General de la Nación, y decide presionarla por medio de lo único que sabe hacer: desestabilizar, acorralar con métodos violentos y presionar por las vías de hecho. Publica entonces en su cuenta de “x” lo siguiente: “…La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general. El movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares.”.

Mientras tanto, las bodegas petristas explotan en sus redes sociales carteles con el siguiente texto: “Plantón corte suprema 8 feb. Hora 8:30 AM Orden del pueblo! Eviten una guerra civil. Fiscal ya!!!”. Y Fecode, sumisa y obediente, en sus cuentas acude a lo siguiente: “Jornada nacional de movilización. En defensa de la democracia y estado social de derecho. 8 de febrero. La ciudadanía exige a la Corte Suprema la elección de la nueva fiscal, ¡no más dilación!”.

Tratan de intimidar no solo a las Cortes -a quienes el gobierno irrespeta y desconoce cada que se le ocurre- sino al pueblo decente de Colombia que, inerme, no tiene quien lo defienda. ¡Todo calculado! Desmantela la fuerza pública; viola la constitución y las leyes; alimenta la delincuencia asegurándoles pagos periódicos; conforma una especie de ejército para sus causas exclusivas; se inventa un golpe de Estado y excita a sus fuerzas para que presionen la independencia del poder judicial. ¿Así, o más claro?

Aquí confluyen varios aspectos repudiables: el presidente no puede llamar al movimiento popular para enfrentar la supuesta violencia, ni al magisterio para que le ayude a sus propósitos personales, descuidando sus deberes. ¡No! El presidente está en la obligación de enfrentar la violencia (venga de donde venga) mediante la fuerza pública que está instituida para garantizar nuestra protección, orden y defensa; y los maestros nunca podrán aducir causa alguna para incumplir con sus obligaciones docentes, y menos por incitación del presidente quien dentro de sus funciones constitucionales tiene la de ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza. Por otro lado, las Cortes y su independencia no pueden ser violadas por nadie, y mucho menos por el presidente de la República, quien debería simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos (incluidos, lógicamente, los Magistrados de las Altas Cortes).

Repito: 39 años después, Gustavo Petro y sus adláteres, ya no en la clandestinidad ni como parte de un grupo terrorista, sino en la Presidencia de la República de Colombia, ponen de rehén a la Corte Suprema de Justicia y la someten, bajo amenazas de movilización popular o guerra civil, a presiones indebidas y aberrantes.

Nuestro presente es incierto y, aún más, nuestro futuro. Por eso debemos rodear a las Altas Cortes y defender la institucionalidad que tanto le estorba al presidente Petro para hacer su non sancta voluntad.

JORGE ENRIQUE PAVA QUICENO

C.C. 10.259.699 DE MANIZALES

www.titepava.com

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