A propósito de los actos celebrados conmemorando los siete años del acuerdo de paz con las FARC, con la ausencia del presidente, algo habitual en él, valdría la pena hacer algunas consideraciones sobre tan importante tema.

Desde mediados de la década de los sesenta se crearon en el país grupos insurgentes que presentaban distintos enfoques ideológicos, pero cuyo denominador común era la lucha contra el sistema, a diferencia de las guerrillas de la década del cincuenta, que luchaban contra el gobierno.

La evolución de estos grupos que tanto dolor le han causado a la sociedad colombiana presenta una curiosa paradoja: la incapacidad de adaptarse a las circunstancias históricas de entender el total fracaso de la lucha armada como vía para la realización de sus propósitos en la legalidad política y la búsqueda de reformas económicas, sociales y políticas, y, al parecer continuar creyendo en la eficacia simbólica de la figura del guerrillero como el salvador heroico y la promesa de ser los redentores de los menos favorecidos.

Hoy el territorio colombiano presenta grandes focos de insurgencia armada, más dedicados a otras actividades ilícitas que a defender unas ideas ideológicas, que nos obliga a preguntarnos, ¿con quienes se firmaron esos acuerdos de paz, donde solo salieron favorecidos unos añosos comandantes que hoy disfrutan los beneficios que otorga la democracia?

Algo cierto, esos movimientos no triunfarán en el actual conflicto, pero si no se utiliza una estrategia diferente, la que no se ha llevado en debida forma por el gobierno con premisas claras, esa paz total que se pretende alcanzar será esquiva y se seguirá derramando mucha sangre en el territorio patrio.

Esa insurgencia debe entender si desea llegar a acuerdos, que no deben interpretar la tregua y los procesos de paz como un medio para su fortalecimiento no solo como movimiento político, lo cual sería lógico en un final de paz, si no como movimiento armado, y menos aún tratar de consolidar su hegemonía en ciertas zonas del territorio nacional en los cuales ejercen una dominación antidemocrática, y lo sabe muy bien el gobierno.

Ahora bien, imposible negar que tenemos una democracia muy restringida en el sentido económico, como político, unos voceros más dedicados a defender intereses personales o de grupo, de allí que como bien lo decía el profe Estanislao Zuleta, “es casi una burla para una población decir que todos somos iguales ante la ley, si no lo son ante la vida “.

Ojalá se redoblen todos los esfuerzos que conduzcan a la reconciliación de los colombianos, por cuanto duele decirlo, la mezcla explosiva de democracia y guerra sucia en que vivimos puede resolverse todavía a favor de la escasa democracia que tenemos en la búsqueda de una verdadera igualdad, que no se puede resolver a través de una ley o decreto. La democracia no se decreta, se logra.

Empecemos por reconocer la gravedad que tiene la violencia de toda índole en Colombia, el hecho mismo que no se la reconozca significa que no hay una voluntad de combatirla como prioridad del gobierno y no en temas de otro orden, como el internacional, que debe ser abordado con la mayor prudencia diplomática, característica esta escasa en las altas esferas.

ADENDA. ¿Qué habrá de la suerte de los niños del amazonas rescatados después de sufrir un accidente aéreo? ¿Qué se conoce sobre el trámite procesal del ex senador y ex embajador en Venezuela que denunció el ingreso de sumas millonarias a una reciente campaña presidencial, ¿Ha sido escuchado en los estrados judiciales, o se le ha aplicado la campana neumática para evitar un escándalo mayor donde son muchos los salpicados?

A propósito, qué ¿importancia tiene la convocatoria a un concurso público cuando la prueba de conocimiento y la experiencia profesional es prácticamente desplazada por la entrevista, donde opera el criterio subjetivo de quienes la hacen? De ser así, sobran esas primeras etapas, desvirtuándose el concepto del concurso de méritos.

*Ex magistrado

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