Fue la jefe de carrera administrativa de la Fiscalía, María José del Río, quien confirmó la noticia del retiro masivo de por lo menos 1.711 funcionarios de la entidad, dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional que obliga al ente investigador a incorporar a 1.716 personas que en 2008 ganaron un concurso de méritos.
Actualmente esos cargos son ocupados en provisionalidad por funcionarios que aspiraban a quedarse pero que por el fallo de la Corte quedan sin trabajo.
La asesora del despacho del fiscal anunció ayuda psicosocial a los 1.711 funcionarios que saldrán de la Fiscalía.
“Vamos a cumplir la ley, pero también hay dispuesto un equipo psicosocial con las administradoras de riesgos profesionales para los funcionarios que no estén en ese concurso de méritos y que dejarán sus cargos”, precisó.
Al ser notificados de la decisión de desvincularlos hubo críticas de por qué en la reestructuración de la Fiscalía no se tuvieron en cuenta a las personas que por años trabajaron en provisionalidad y se prefirió incorporar a 3.000 nuevos trabajadores.
“El fiscal general aseguró que todo sería un proceso de transición lo menos engorroso posible, pero la verdad es que no se tuvo en cuenta a los funcionarios que ahora salen de la Fiscalía”, dijo uno de los empleados visiblemente molesto.
El sindicato de la Fiscalía anunció una movilización de trabajadores el próximo 16 de abril y paro indefinido a partir del 22 del mismo mes.
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