JUDICIALES 290

Por: Andrés F. Zapata

Aproximadamente de un 40% está siendo la participación delictiva de menores de edad dentro de las organizaciones criminales que ejercen en el departamento del Quindío. Un porcentaje sumamente alto, teniendo en cuenta que son varias las bandas delictivas que manchan de violencia las calles, llámense Bacrim o delincuencia común, y en donde ven en los menores de edad un potencial enorme para todos sus accionares.

Es que así lo dicen los registros de capturas y hechos de violencia que han ocurrido a lo largo de este año, en donde problemáticas y flagelos como el hurto en sus diferentes modalidades, extorsión y sicariato, tienen siempre la presencia de al menos un menor de edad que ejerce a cabalidad cualquier crimen que le sea asignado.

Niños desde los diez años de edad, o incluso menos están siendo convertidos en todo menos personas de bien para la sociedad, en donde día a día se van involucrando más en su macabro mundo de drogadicción, dinero fácil y sangre por montones, llevándose al que sea por delante como popularmente se dice y abandonando definitivamente la posibilidad de convertirse en alguien que aporte al progreso personal, familiar y comunitario.

Desde la Defensoría del Pueblo del Quindío, permanentemente se realizan actividades que intentan frenar o disminuir esta barbarie, el solo hecho de pensar que hay niños con un puñal o un arma de fuego en sus manos ya es una atrocidad que debe cambiar, y así evitar en conjunto con las autoridades locales que más niños que tienen todo un futuro positivo por delante, terminen en las calles matando, violando, atracando y ultrajando de cualquier forma a otro ciudadano.

Son varios frentes los que se deben atacar, pero desde la Defensoría, en cabeza de su directora, la doctora Piedad Correal y la delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor, María Cristina Hurtado, se han dispuesto diferentes estrategias que pretenden concientizar desde los mismos hogares, para que por medio de cursos pedagógicos se logre persuadir a los padres de familia, sobre el compromiso que tienen para con la comunidad y principalmente con sus hijos, de educarlos correctamente y evitar a toda costa que se vuelvan participes de grupos delictivos.

Estos niños y niñas que aparte de ser utilizados para la parte delictiva, están siendo reclutados para ser abusados sexualmente de ellos, tienen que ser corregidos y protegidos por las autoridades. Como primera medida evitar que se internen en este mundo y segundo, siendo severos y justos a la hora de judicializarlos, las autoridades no pueden ser tan contemplativos con los crímenes que cometan los menores. Hay que procurar entonces evitar  que la niñez del Quindío se siga dañando.

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