Durante el congreso nacional de contralores realizado en Armenia, la Auditoría General de la República reveló un informe sobre corrupción en el que se evidencia preocupantes modalidades de contratación con el Estado.
Nelson Murillo Escobar
El auditor general de la República, Felipe Córdoba Larrarte, reveló un informe en el que identificaron organizaciones sin ánimo de lucro, como sindicatos, que están contratando con el Estado a pesar que tienen restricción para hacerlo. También indicó que “Hemos podido evidenciar 78 mallas de contratación en el País. Soló una de ellas tiene alrededor de 8,1 billones de pesos en contratación y se dedican a contratar en 29 de los 32 departamentos, solo esa malla. Contratan en educación, salud, vivienda, infraestructura y desde ese punto de vista se ha podido ver en el estudio especializado que “son los mismos revisores fiscales, son los mismos socios de una empresa a la otra y que tienen nexos entre ellos. Por eso es muy importante que las contralorías territoriales revisen el tema, ya ese estudio lo tiene también la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y esperamos que pronto haya resultados contundentes en esa materia”, dijo el auditor.
Las mallas
Sobre este espinoso tema el auditor explicó “ahí se ve la concentración contractual dentro de algunas temáticas en el esquema de contratación. Tienen la mayoría de contratos y empiezan a hacerlo en la mayoría de zonas del País”.
En el estudio de la Auditoria, los malos ejemplos de las mallas abundan: “Empresas con razones sociales, por ejemplo, que deberían ser para eventos artísticos y terminan haciendo vías. Y eso en varios sitios del País. Empresas con razones sociales para desarrollar funciones de logística que terminan haciendo vías; y lo mismo en materia agrícola, terminan haciendo vías. Eso nos preocupa, por eso, encendemos las alarmas y se envían los estudios correspondientes especializados a nuestros contralores territoriales y a los distintos entes de control”.
Ahora se espera que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría inicien acciones efectivas contra estas organizaciones dedicadas a vivir de la contratación pública.
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