Rescate de los derechos de los más pequeños
La gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, con su gabinete departamental en pleno y los dignatarios de los 12 municipios, como primeros llamados por ley a la rendición de cuentas públicas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, avanzan de manera positiva en este proceso con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, SENA, Ministerio del Trabajo, Procuraduría de Familia, rectores de las Instituciones Educativas, Policía Nacional y demás instituciones del sector público vinculadas con esta parte de la población quindiana.
Es por eso que cada una de las partes es corresponsable para la emisión de la información que complementan los indicadores de tipo social de esta población. Desde el gobierno departamental se lidera y articula del proceso y la producción de la información que evidencie las acciones en garantía de los derechos de todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
El Quindío durante la anterior rendición de cuentas públicas a nivel nacional ocupó el primer lugar, gracias al trabajo en conjunto que se llevó a cabo en el departamento, lugar que la gobernadora quindiana espera conservar gracias a acucioso trabajo que se lleva hasta el momento.
Como uno de los logros más importantes y definitivos de la Gobernadora quindiana ha implementado en el departamento para el rescate de los derechos de los niños y adolescentes se cuenta con una Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
¡La gober sì cumple!
El Departamento del Quindío, bajo la necesidad impostergable de formular e implementar una Política Pública que intervenga sobre la realidad, protección y restablecimiento de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio con su equipo de trabajo transversal y plural formuló y construyó en primer orden la política desde el enfoque de derechos.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son derechos humanos que deben ser garantizados y deben prevalecer sobre los derechos de los demás. El estado, la sociedad y la familia deben asegurar la protección integral a la infancia y la adolescencia, reconociendo las necesidades de las personas y la equidad con igualdad de oportunidades y la construcción de una ciudadanía activa.
Política pública desde enfoque de derechos
Una política pública de derechos pretende una intervención concreta sobre las problemáticas que aquejan a la población en el Quindìo que en este caso se enfoca desde los tres ciclos vitales. Primera Infancia que cubre los primeros seis años de vida incluida la gestación, luego Infancia que abarca el periodo comprendido entre los seis y los once años de edad, finalizando con adolescencia que va desde los once años a los 18 años de edad.
La Constitución Política de Colombia y la ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia reconoce 44 derechos como exigibles, partiendo del enfoque de derechos humanos. Este plantea que es necesario garantizar condiciones para que todas las personas puedan preservar la vida, ejercer la libertad y tener lo esencial para vivir.
Con el fin de que estos 44 derechos sean comprensibles y aplicables en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el Manual de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, los derechos se agrupan en cuatro categorías centrales:
Existencia: Que tengan las condiciones esenciales para preservar y disfrutar su vida.
Desarrollo: Que tengan las condiciones básicas para progresar en su condición y dignidad humanas.
Ciudadanía: Que sean tratados como ciudadanos participantes, en condiciones básicas para la vida en sociedad ejerciendo la libertad.
Protección: Que no sean afectados por factores perjudiciales para la integridad y dignidad humana.
Una gobernadora joven, humana e incluyente
La gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio ha buscado ser garante de los derechos de los más pequeños concebidos desde la ley como inalienables, que además para su gobierno son inquebrantables ante la deuda social que se tiene con las familias quindianas.
Cumpliendo entonces con la particularidad de los derechos que cobijan a esta parte de la población en el país, también se brinda un acompañamiento a las personas con capacidades especiales a través del enfoque diferencial, que implica una mirada a fondo de su condición y el reconocimiento como sujeto con necesidades específicas acorde a su género, ciclo vital, etnia, religión, cultura, entre otro aspectos.
Así mismo y en condición de igualdad y equidad como lo promueve la Política Pública, son reconocidos aquellos niños, niñas y adolescentes en situación especial de discapacidad, situación de calle, víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso a su integridad, física y emocional.
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