El destino político del presidente Gustavo Petro pende de un hilo mientras el Consejo Nacional Electoral se prepara para votar sobre una investigación que ha destapado posibles irregularidades financieras en su campaña.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una encrucijada debido a una investigación que ha estado en curso durante meses. Los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada han indagado minuciosamente las cuentas reportadas por la Sociedad Aérea de Ibagué, la cual transportó al presidente Gustavo Petro durante su campaña a diversas regiones del país. Además, esta empresa también llevó a otros miembros de su equipo y candidatos al Congreso.
Las cuentas en cuestión son transparentes y podrían llevar al CNE a tomar una decisión crucial. Sin embargo, hay tres magistrados que están claramente alineados con el Gobierno y votarán en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez y Cristian Quiroz. A pesar de esto, cinco magistrados podrían inclinarse hacia la formulación de cargos. Estos son: los investigadores Prada y Ortíz, César Lorduy (quien proviene de Cambio Radical), Maritza Martínez (excongresista de La U y actual presidenta del tribunal) y el magistrado Alfonso Campo (con raíces conservadoras).
La decisión prácticamente recae en manos de Lorduy y Martínez. Sin embargo, incluso si los cinco magistrados apoyan la ponencia, no alcanzarían los votos necesarios. Esto significa que deberán convocar a conjueces para lograr una mayoría y resolver el dilema. Si los conjueces, como opinan los investigadores, consideran que existen suficientes méritos para formular cargos, Ricardo Roa deberá enfrentar acusaciones por su responsabilidad como gerente de campaña. En cuanto al presidente Gustavo Petro, los expedientes se remitirían a la Comisión de Acusación de la Cámara, aunque es poco probable que se tomen medidas significativas allí.
La investigación se basa en los informes de cuentas presentados por la Sociedad Aérea de Ibagué. Curiosamente, esta empresa estuvo involucrada en un escándalo relacionado con una avioneta en Providencia, donde se incautaron 400 kilos de cocaína. Uno de los socios vinculados a esta sociedad, SADI, colaboró con agencias estadounidenses al enfrentar cargos de narcotráfico. Hasta ahora, no se ha revelado por qué la campaña eligió específicamente a esta empresa para los vuelos.
Además, durante la investigación, se han decretado pruebas relacionadas con la financiación de Fecode, que supuestamente entregó 500 millones de pesos a la campaña del Pacto Histórico. Sin embargo, existen actas que indican que estos aportes debían destinarse a la campaña individual del presidente Petro.
En cuanto a la Fiscalía, la administración anterior dejó prácticamente lista una imputación de cargos contra Ricardo Roa por los mismos hechos. Sin embargo, la decisión formal de vinculación quedó en manos de la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo. Aunque la Fiscalía aún no ha tomado una decisión definitiva sobre las investigaciones que involucran a figuras del Gobierno, sí ha decidido llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe.
En resumen, los magistrados clave para definir el caso son César Lorduy y Maritza Martínez, pero en última instancia, la intervención de conjueces será necesaria para resolver este asunto delicado .
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