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Con el siguiente documento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la captura de seis colombianos entre ellos el comerciante quindiano Felipe González Arcila y un extranjero implicados por delitos relacionados con diversos esquemas internacionales de lavado de dineros y otros conexos. El documento muestra la forma como operaba la organización que según los investigadores, movían gruesas sumas de dinero utilizando electrodomésticos. González Arcila es ampliamente conocido en el comercio de Armenia, su captura y extradición a los Estados Unidos tomó por sorpresa al círculo de amigos quindianos que aún se preguntan la forma como resultó vinculado a esta empresa criminal en lavados de activos proveniente del narcotráfico si siempre se le conoció por ser una persona sencilla dedicada a sus negocios. Aquí el texto presentado en Inglés por la agencia internacional y traducido en la sala de redacción de EJE NOTICIAS PERIODICO RADIO:

ESPAÑOL

6 ciudadanos colombianos y propietarios de negocios de electrónica de consumo acusados ​​de sus roles en delitos comerciales de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Eduardo A. Chávez, Agente Especial a Cargo de la División de Dallas de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy la apertura de cuatro acusaciones cobrando a MIGUEL CESPEDES, OMAR MOGOLLON, LUIS FELIPE GONZALEZ ARCILA, IVAN ROJAS ACOSTA, ALEX BARRERA FORERO y DAVID ORTIZ VILLAMIZAR, seis ciudadanos colombianos, así como AMIT AGARWAL, un ciudadano indio que opera un negocio de electrónica de consumo al por mayor en East Hanover, New Jersey, por delitos relacionados con diversos esquemas internacionales de lavado de dinero y la operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia. CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA y ORTIZ fueron arrestados en Colombia, y el gobierno de los Estados Unidos buscará su extradición a los Estados Unidos. AGARWAL fue arrestado el 20 de diciembre de 2019 en el aeropuerto internacional de Newark. El caso de AGARWAL está asignado al juez de distrito de los Estados Unidos Paul A. Engelmeyer; El caso de CESPEDES está asignado al juez de distrito de los Estados Unidos Gregory H. Woods; El caso de BARRERA y ORTIZ está asignado al juez de distrito de los Estados Unidos Gregory H. Woods; y el caso de MOGOLLON, GONZALEZ y ROJAS se asigna al juez de distrito de los Estados Unidos J. Paul Oetken.

El fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo: “El tráfico ilegal de drogas depende de redes financieras en la sombra para mover las ganancias de los narcotraficantes a nuestro sistema bancario y más allá de nuestras fronteras. Como se alega, estos acusados ​​administraron ese tipo de redes tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Los arrestos de hoy demuestran que esta Oficina, junto con nuestros socios aquí y en el extranjero, llevará a los operadores de dichas redes ante la justicia en cualquier parte del mundo donde puedan esconderse “.

El agente especial a cargo de la DEA, Eduardo A. Chávez, dijo: “Los arrestos de hoy sirven como aviso para aquellos que participan en cualquier aspecto del tráfico mundial de drogas, ya sea vendiendo drogas en una esquina o transfiriendo ganancias ilícitas a través de nuestro sistema bancario: la DEA junto con nuestros socios globales, lo responsabilizarán y lo llevarán ante la justicia “.

Como se alega en las Acusaciones reveladas en el tribunal federal de Manhattan: [1]

Desde al menos aproximadamente en junio de 2018 hasta al menos en o alrededor de 2019, MIGUEL CESPEDES, OMAR MOGOLLON, LUIS FELIPE GONZALEZ ARCILA, IVAN ROJAS ACOSTA, ALEX BARRERA FORERO, DAVID ORTIZ VILLAMIZAR y AMIT AGARWAL participaron en esquemas para lavar fondos de ubicaciones en todo Estados Unidos a destinatarios en, entre otros lugares, Colombia. Entre otras cosas, el propósito de los esquemas era permitir a los clientes con efectivo ubicado en los Estados Unidos transferir el valor de ese efectivo a otros países, principalmente a Colombia, sin la necesidad de transportar físicamente la moneda de los Estados Unidos a través de una frontera internacional o depositar directamente grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero legítimo.

Para efectuar el esquema, “clientes”, es decir, los propietarios de fondos ubicados en los Estados Unidos, utilizaron los servicios de corredores de dinero que operan principalmente en Colombia (los “corredores de dinero”). Los corredores de dinero ofrecieron “contratos” que generalmente requerían (a) el retiro de la moneda de los Estados Unidos de los correos de todo Estados Unidos y la recepción de transferencias internacionales en los Estados Unidos, y (b) la entrega de una cantidad correspondiente de pesos en Colombia a los corredores de dinero. A cambio de cumplir con éxito un contrato, los corredores de dinero ganaron una comisión, tomada de los pesos que recibieron en Colombia. La (s) persona (s) con quienes los corredores de dinero contrataron para organizar el retiro y recibo de la moneda de los Estados Unidos también recibió una comisión tomada de los pesos recibidos por los corredores de dinero en Colombia.

CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA y ORTIZ participaron en el esquema como corredores de dinero. Como corredores de dinero, trabajando en ocasiones de forma independiente y en ocasiones juntas, ofrecieron y ejecutaron múltiples contratos que requerían el retiro de fondos en todo Estados Unidos y la entrega del valor correspondiente de pesos en Colombia. A cambio de su trabajo como corredores de dinero, recibieron comisiones tomadas de los pesos que se les entregaron en Colombia, al igual que las personas con las que contrataron.

AGARWAL fue el director ejecutivo de un negocio de productos electrónicos de consumo con sede en East Hanover, Nueva Jersey (el “Negocio de Electrónica Agarwal”). Entre otras cosas, Agarwal Electronics Business exportó productos electrónicos de consumo a compradores de todo el mundo, incluidos compradores ubicados en Colombia. En relación con sus actividades comerciales, Agarwal Electronics Business mantuvo una cuenta bancaria en los Estados Unidos, controlada y operada por AGARWAL (la “Cuenta bancaria de Agarwal”).

Típicamente, como parte del esquema, los fondos recaudados en los Estados Unidos de conformidad con los contratos ofrecidos por CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA y ORTIZ se depositaron en una cuenta bancaria ubicada en los Estados Unidos (“Cuenta bancaria-1” ), y luego transferido a la cuenta bancaria de Agarwal. De conformidad con los contratos ofrecidos por Money Brokers, AGARWAL acordó aceptar estos fondos en la cuenta bancaria de Agarwal, y AGARWAL también acordó aceptar fondos en la cuenta bancaria de Agarwal que habían sido transferidos a la cuenta bancaria-1 desde ubicaciones extranjeras, incluido México. AGARWAL entendió que estos fondos eran ingresos de narcóticos y trató de repatriarlos a Sudamérica mientras evitaba el riesgo asociado con la detección de grandes cantidades de efectivo en las fronteras internacionales,

 Al recibir la confirmación de que los fondos recaudados de conformidad con un contrato de Money Broker emitido por CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA u ORTIZ estaban disponibles para depositarlos en la cuenta de Agarwal Bank, AGARWAL organizó la exportación de un valor aproximadamente equivalente de productos electrónicos de consumo. a ciertos proveedores de productos electrónicos de consumo ubicados en Colombia (los “Proveedores Colombianos de Electrónica”). Los Proveedores de Electrónica de Colombia, a su vez, acordaron pagar los productos entregando pesos a un individuo en Colombia, quien luego entregó esos fondos a los Corredores de Dinero. De esta manera, los fondos recaudados en los Estados Unidos se remitieron a Colombia, sin requerir que se informaran, declararan o pasaran de contrabando a través de las fronteras internacionales.

Durante la ejecución del esquema, los agentes federales de aplicación de la ley que trabajan de manera encubierta y las personas que operan bajo la dirección de agentes federales de la ley informaron a AGARWAL que los fondos que acordó recibir en la cuenta bancaria de Agarwal de la cuenta bancaria-1 para el esquema, representaba el producto de la actividad del narcotráfico. AGARWAL, sin embargo, continuó aceptando los fondos en la cuenta del Banco Agarwal mientras facilitaba los contratos de Money Broker.

* * *

AGARWAL es acusado en Estados Unidos v. Amit Agarwal , 19 Cr. 838, con un cargo de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

CESPEDES está acusado en Estados Unidos v. Miguel Céspedes , 19 Cr. 839, con un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

MOGOLLON, GONZALEZ y ROJAS están acusados ​​en Estados Unidos v. Omar Mogollon, et al. 19 Cr. 837, con conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. MOGOLLON también está acusado de un cargo de lavado de dinero internacional, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

BARRERA y ORTIZ están acusados ​​en Estados Unidos v. Alex Barrera Forero y David Ortiz Villamizar , 19 Cr. 840, con un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.

Las sentencias máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que las sentencias de los acusados ​​serán determinadas por los jueces respectivos.

El Sr. Berman elogió el trabajo de investigación del Grupo de Ejecución 4 de la División de Campo de Dallas de la DEA y la Oficina de País de Bogotá de la DEA, y agradeció a las autoridades en Colombia y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de la División Criminal del Departamento por su ayuda.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Blanqueo de Capitales y Empresas Penales Transnacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Tara M. La Morte y Cecilia E. Vogel están a cargo de la acusación.

Las acusaciones en las acusaciones son meras acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de las Acusaciones, y la descripción de las Acusaciones establecidas en este documento, constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegación.

INGLES

6 Colombian Nationals And Owner Of Consumer Electronics Business Charged For Their Roles In Money Laundering And Unlicensed Money Transmission Business Offenses

Geoffrey S. Berman, the United States Attorney for the Southern District of New York, and Eduardo A. Chavez, Special Agent in Charge of the Dallas Division of the U.S. Drug Enforcement Administration (“DEA”), announced today the unsealing of four indictments charging MIGUEL CESPEDES, OMAR MOGOLLON, LUIS FELIPE GONZALEZ ARCILA, IVAN ROJAS ACOSTA, ALEX BARRERA FORERO, and DAVID ORTIZ VILLAMIZAR, six Colombian nationals, as well as AMIT AGARWAL, an Indian national who operates a wholesale consumer electronics business in East Hanover, New Jersey, for offenses relating to various international money laundering schemes and the operation of unlicensed money transmission businesses. CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA, and ORTIZ were arrested in Colombia, and the United States Government will be seeking their extradition to the United States.  AGARWAL was arrested on December 20, 2019, at Newark International Airport.    AGARWAL’s case is assigned to United States District Judge Paul A. Engelmeyer; CESPEDES’s case is assigned to United States District Judge Gregory H. Woods; BARRERA and ORTIZ’s case is assigned to United States District Judge Gregory H. Woods; and MOGOLLON, GONZALEZ, and ROJAS’s case is assigned to United States District Judge J. Paul Oetken.

U.S. Attorney Geoffrey S. Berman said:  “The illegal drug trade depends on shadow financial networks to move drug traffickers’ profits into our banking system and across our borders.  As alleged, these defendants ran those types of networks in both the United States and Colombia.  Today’s arrests demonstrate that this Office, along with our partners here and abroad, will bring the operators of such networks to justice wherever in the world they may hide.”

DEA Special Agent in Charge Eduardo A. Chavez said:  “Today’s arrests serve as notice to those who participate in any aspect of the global drug trade – whether it be selling drugs on a street corner or moving illicit profits through our banking system – the DEA along with our global partners, will hold you responsible and bring you to justice.”

As alleged in the Indictments unsealed in Manhattan federal court:[1]

From at least in or about June 2018 through at least in or about 2019, MIGUEL CESPEDES, OMAR MOGOLLON, LUIS FELIPE GONZALEZ ARCILA, IVAN ROJAS ACOSTA, ALEX BARRERA FORERO, DAVID ORTIZ VILLAMIZAR, and AMIT AGARWAL all participated in schemes to launder funds from locations throughout the United States to recipients in, among other places, Colombia.  Among other things, the purpose of the schemes was to enable clients with cash located in the United States to transfer the value of that cash to other countries, principally Colombia, without the need for physically transporting United States currency across an international border or directly depositing large amounts of cash into the legitimate financial system.

To effectuate the scheme, “clients,” i.e., the owners of funds located in the United States, utilized the services of money brokers operating primarily in Colombia (the “Money Brokers”).  The Money Brokers offered “contracts” typically requiring (a) the pick-up of United States currency from couriers throughout the United States and the receipt of international wires in the United States, and (b) the delivery of a corresponding amount of pesos in Colombia to the Money Brokers.  In exchange for successfully delivering on a contract, the Money Brokers earned a commission, taken from the pesos received by them in Colombia.  The person(s) with whom the Money Brokers contracted to arrange for the pick-up and receipt of United States currency also received a commission taken from the pesos received by the Money Brokers in Colombia.  Although the payment of commissions from the funds collected pursuant to a contract meant that the clients did not receive the full value of the funds that the clients owned in the United States, this scheme enabled the clients to avoid the risks of having large quantities of cash detected at international borders and to avoid triggering financial reporting requirements.

CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA, and ORTIZ engaged in the scheme as Money Brokers.  As Money Brokers, working at times independently and at times together, they offered and executed upon multiple contracts requiring the pick-up of funds throughout the United States, and the delivery of a corresponding value of pesos to them in Colombia.  In exchange for their work as Money Brokers, they received commissions taken from the pesos delivered to them in Colombia, as did the individuals with whom they contracted.

AGARWAL was the chief executive officer of a consumer electronics products business based in East Hanover, New Jersey (the “Agarwal Electronics Business”).  Among other things, the Agarwal Electronics Business exported consumer electronics to purchasers throughout the world, including purchasers located in Colombia.  In connection with its business activities, the Agarwal Electronics Business maintained a bank account in the United States, controlled and operated by AGARWAL (the “Agarwal Bank Account”).

Typically, as part of the scheme, the funds collected in the United States pursuant to contracts offered by CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA, and ORTIZ were deposited in a bank account located in the United States (“Bank Account-1”), and then transferred to the Agarwal Bank Account.  Pursuant to the contracts offered by the Money Brokers, AGARWAL agreed to accept these funds into the Agarwal Bank Account, and AGARWAL also agreed to accept funds into the Agarwal Bank Account that had been wired to Bank Account-1 from foreign locations, including Mexico.  AGARWAL understood these funds to be narcotics proceeds and sought to repatriate them to South America while avoiding the risk associated with having large quantities of cash detected at international borders, and avoiding the currency reporting requirements imposed by United States laws.

 Upon receiving confirmation that funds collected pursuant to a Money Broker contract issued by CESPEDES, MOGOLLON, GONZALEZ, ROJAS, BARRERA, or ORTIZ were available for deposit into the Agarwal Bank Account, AGARWAL arranged for the export of a roughly equivalent value of consumer electronics products to certain consumer electronic product suppliers located in Colombia (the “Colombian Electronics Suppliers”).  The Colombian Electronics Suppliers, in turn, arranged to pay for the products by delivering pesos to an individual in Colombia, who then delivered those funds to the Money Brokers.  In this way, funds collected in the United States were remitted to Colombia, without requiring that they be reported, declared, or smuggled over international borders.

During the execution of the scheme, federal law enforcement agents working in an undercover capacity, and persons operating at the direction of federal law enforcement agents, informed AGARWAL that the funds he agreed to receive in the Agarwal Bank Account from Bank Account-1, pursuant to the scheme, represented the proceeds of narcotics trafficking activity.  AGARWAL, however, continued to accept the funds into the Agarwal Bank Account while facilitating the Money Broker contracts.

*                      *                     *

AGARWAL is charged in United States v. Amit Agarwal, 19 Cr. 838, with one count of money laundering, which carries a maximum sentence of 20 years in prison.

CESPEDES is charged in United States v. Miguel Cespedes, 19 Cr. 839, with one count of operation of an unlicensed money transmission business, which carries a maximum sentence of five years in prison, and one count of conspiracy to commit money laundering, which carries a maximum sentence of 20 years in prison.

MOGOLLON, GONZALEZ, and ROJAS are charged in United States v. Omar Mogollon, et al., 19 Cr. 837, with conspiracy to operate an unlicensed money transmission business and operation of an unlicensed money transmission business, each of which carries a maximum sentence of five years in prison. MOGOLLON is also charged with one count of international money laundering, which carries a maximum sentence of 20 years in prison.

BARRERA and ORTIZ are charged in United States v. Alex Barrera Forero and David Ortiz Villamizar, 19 Cr. 840, with one count of conspiracy to operate an unlicensed money transmission business, and one count of operation of an unlicensed money transmission business, each of which carries a maximum sentence of five years in prison.

The statutory maximum sentences are prescribed by Congress and are provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendants will be determined by the respective judges.

Mr. Berman praised the investigative work of the DEA’s Dallas Field Division’s Enforcement Group 4 and the DEA’s Bogota Country Office, and thanked the authorities in Colombia, and the Justice Department’s Office of International Affairs of the Department’s Criminal Division for their assistance.

This case is being handled by the Office’s Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit.  Assistant United States Attorneys Tara M. La Morte and Cecilia E. Vogel are in charge of the prosecution.

The allegations in the Indictments are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.

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