La Fiscalía General declaró este lunes delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a 34 homicidios cometidos contra de dirigentes, integrantes o simpatizantes del movimiento político Unión Patriótica.
Entre los homicidios figura el asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa y del líder José Antequera.
“Con base en lo anterior se denotan estas infracciones al ordenamiento jurídico como aquellas de las cuales no aplica la prescripción de la acción penal para su persecución, juzgamiento y sanción”, explicó el vicefiscal general Jorge Perdomo.
La decisión se tomó después de la investigación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía que estableció 24 casos de homicidio, desaparición forzada y amenazas, que incluso llevaron al exilio a varios de sus integrantes, y 10 crímenes de guerra.
La mayoría de los 34 casos habían prescrito, sin embargo, con esta decisión se reabren las investigaciones y toman un nuevo rumbo. “No significa que otros asesinatos de la UP (Unión Patriótica) no sean considerados a futuro delitos de lesa humanidad”, explicó el vicefiscal.
El 24 de mayo la misma Fiscalía declaró delito de lesa humanidad el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas perpetrado en agosto 1994.
Entre los crímenes declarados de lesa humanidad se encuentran los de los militantes: Óscar Montoya, Misael A. Zambrano, Luis Marina Arroyave, Julio Cañón López, Rafael Gracia, Baldomero Useche, Feliz Antonio Villalva, Carlos Gónima, Norman Sergio Vallejo, Diana Stella Cardona, Bernardo Jaramillo Ossa, Pedro Luis Valencia y Elkin de Jesús Martínez.
Siguen en la decisión de 57 páginas de la Fiscalía: Alberto León Muñoz, Francisco Elado Gavira, Alfredo Gómez Doria, Leonardo Aguirre López, Carmelo Durando Romero, Arturo Moreno López , Jorge Luis Julio, Iber Modesto Rojas, Darío Pérez Negrete, Alfredo Manuel Flórez, Enrique Cabria Genes, Arsenio Córdoba Blandón, Francisco Luis Velásquez, Iván Antonio Correo, Petro Luis Bermúdez, José Antequera, Luis Alberto Jungo A., Silvio Miguel Gómez, Luis Alvarado David Oliveros y Bartolome Cataño Vallejo.
Para el caso de la política Gloria Isabel Cuartas, se investigarán las amenazas en su contra pues hace unas semanas presentó en el ente investigador la denuncia sobre las intimidaciones en su contra.
Las leyes colombianas establecen que el delito de homicidio prescribe a los 20 años de cometido si no ha sido posible ubicar a sus autores.
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